Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y con Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, se inició una política de gratificaciones dentro del ejército sustentada en la presentación de resultados concretos dentro de la lucha contra los grupos guerrilleros. Una de las medidas de esta política era el pago de recompensas por la presentación de bajas enemigas.
Una de las consecuencias inesperadas de esta práctica fue la presentación de cuerpos de civiles inocentes a los que se hacía pasar como guerrilleros muertos en combate para poder cobrar las recompensas. A estas ejecuciones extrajudiciales se las dio el nombre de falsos positivos.
A través de una amiga pude conocer de cerca las historias de Luz Marina y Lucero, dos mujeres que hacen parte de las Madres de Soacha, que luchan desde que en 2008 más de una docena de jóvenes de Soacha fueran asesinados a manos de miembros del Ejército Nacional. Las muertes de sus hijos coinciden más allá de su terrible asesinato, al igual que ocurre con otros jóvenes. Muchos de los falsos positivos eran personas vulnerables: discapacitados, gente sin hogar, drogodependientes, en definitiva personas de las que nadie se preocuparía o a las que nadie daría por desaparecidas. Esto establece un cruel patrón dentro de la aparente discrecionalidad de estos crímenes.
Recientemente, los falsos positivos han vuelto a ser noticia tras la inesperada sentencia por crímenes de lesa humanidad lograda en segunda instancia en el caso las Madres de Soacha. Sorprendentemente la noticia no fue portada de periódicos, ni siquiera acudieron medios colombianos al juzgado. Fue un diario digital español el que ayudo a esta noticia a abrirse paso entre la politizada prensa nacional, que semanas después se hizo eco del juicio.
Esta última sentencia supone un pequeño rayo de esperanza en un país donde la impunidad hacia los criminales y la falta de reparación a las víctimas son la norma.
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| Luz Marina y Carla Afonso verifican los datos para la presentación de un informe sobre los falsos positivos. |
