Así de contundente recibió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a la Alta Comisionada de ONU-DH
Navi Pillay.
“Las necesidades que tenía el
país de tener una Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han
venido desapareciendo”, afirmó en su declaración el pasado 16 de julio, día en
que la Alta Comisionada aterrizaba en Bogotá.
El pasado mes de enero, la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe sobre Colombia, donde reconocía
el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno los últimos años a nivel
legislativo y político. De hecho Colombia tiene una de las legislaciones más
avanzadas de la región en lo que a derechos humanos se refiere, se cuenta con
una Ley Víctimas y de un sistema estatal para su aplicación, si bien su
eficacia está en entredicho, lo cual también se da a entender en dicho informe.
El informe da cuenta de la sistemática violación de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de los grupos
armados, pero también de la implicación de agentes estatales, la Alta
Comisionada denunciaba en dicho informe las “graves consecuencias humanitarias
para la población civil”.
Para las ONGs que trabajan en
Colombia, la presencia de esta oficina de la ONU sigue siendo muy necesaria, y
más en mitad de las negociaciones de paz de La Habana, y estas declaraciones no
son más que la expresión de lo incómoda que es para Santos la presencia de este
organismo, sobre todo en un momento en que se quiere vender la imagen de una
Colombia segura y en paz, con una economía creciente y, sobre todo, en la que
invertir.
Y mientras el Presidente de
la República distrae a la opinión pública con sus declaraciones, en el país más
de 15 mil personas han sido desplazadas en el primer trimestre de 2013 (1), no menos de 91 mil personas viven en situación
de confinamiento (2), más de 60 defensores y defensoras de los derechos
humanos, líderes comunitarios y sindicalistas han sido asesinados desde 2012 (3), se han reportado 486 desapariciones forzadas entre
2010 y 2012 (4). Sin olvidar la impunidad, que la Alta Comisionada en su informe calificó de “problema estructural”, de quienes han violado los derechos humanos (agentes
estatales incluidos).
Está claro, esas necesidades de las que habló Santos han venido
desapareciendo.
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| Unidad de Atención y Orientación a Desplazados de Soacha. Un equipo de 12 personas atiende a una población de más de 40 mil desplazados. |
1 Dato OCHAColombia
2 (El
confinamiento se define como una limitación de la movilidad que genera
necesidades humanitarias que requieren la atención de la comunidad humanitaria)
3 Dato
Amnistía internacional
